Para el Gobierno del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, El procesos, como se conoce comúnmente al movimiento independentista catalán, ya es cosa del pasado. Por ahora, no hay más conversaciones entre el gobierno central y los políticos regionales, y es poco probable que se celebre un referéndum sobre la secesión de Cataluña de España.
El cambio de política del gobierno liderado por el Partido Socialista se produce después de que se hicieran una serie de concesiones al movimiento independentista. Se han promulgado enmiendas a la Ley de malversación y uso indebido de fondos públicos.
Beneficiará no solo a los líderes del movimiento independentista de 2017, que fueron juzgados y condenados por su papel en el referéndum ilegal de ese año y la posterior declaración unilateral de independencia, sino también a aquellos que aún no han visto un tribunal.
Esto incluye al ex presidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, quien huyó de España para evitar ser procesado y todavía vive en un exilio autoimpuesto en Bélgica.
Si alguna vez enfrenta un juicio, no puede ser acusado de traición, que se cambió a un nuevo delito de alteración del orden público, mientras que enfrenta una pena de prisión menor por malversación de fondos públicos. El delito ahora conlleva una sentencia de prisión menor a menos que tenga como objetivo el enriquecimiento personal.
Los cambios también podrían servir de precedente para los condenados en las audiencias originales del Tribunal Supremo sobre el independentismo, como, por ejemplo, el político de Esquerra Republicana Catalana (ERC) Oriol Junqueras, a quien se le redujo la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Su regreso a la política el próximo año.
Sin embargo, tras lograr estas concesiones, ERC ahora presiona para obtener más. El oficialismo en Cataluña -pese a no tener mayoría- quiere que continúen las reuniones con el Gobierno central, pero apuesta por un referéndum independentista.
Sin embargo, tal sugerencia fue repetidamente rechazada por el gobierno español y Pedro Sánchez.
‘Pueden llamarlo como quieran’, dijo Sánchez el martes sobre la solicitud de ERC para una nueva votación. Eso no sucederá.
El primer ministro dijo que los cambios legales eran «decisiones peligrosas», pero insistió en que «la situación es mucho mejor que en 2017».
El movimiento independentista de 2017 tuvo lugar cuando el conservador Partido Popular (PP) estaba en el poder. Se enviaron unidades adicionales de la policía y la guardia civil a la zona para evitar un referéndum ilegal sobre la secesión.
Tácticas violentas
Las tácticas brutales y violentas de las autoridades contra los civiles comunes se vieron en todo el mundo y ayudaron a empeorar la situación.
Tras una declaración unilateral de independencia en el parlamento catalán, el gobierno central tomó el control de la región, destituyó al gobierno y convocó nuevas elecciones.
Desde su llegada al poder, el Partido Socialista ha buscado una salida negociada al conflicto. Pero parece que Pedro Sánchez pudo haberlo hecho sin importar cuán dispuesto esté a cerrar la brecha entre la región y el gobierno central, y las demandas de ERC caerán en saco roto.
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